Él Manda, Ellos prohíben, Nosotros defendemos, Yo opino

El 17 de agosto de 2010 se conoció de la decisión del Tribunal 12 de Caracas  que prohibió  a todos los medios de comunicación impresa la difusión de fotografías e informaciones referentes a la ola de violencia que atraviesa nuestro país, durante un mes a partir de esta fecha.

Los suspicaces dijeron que llamaba la atención de que la medida se tomara en un lapso que coincide con la campaña electoral para los diputados de la Asamblea Nacional, lo que, a juicio de ellos,  pondría en evidencia de que se trata de una medida política, y no una que pretende defender los derechos colectivos y difusos de niñas, niños y adolescentes, públicos a los que no están dirigidos los dos periódicos que originaron la medida.  Aquí entraría mi pregunta: ¿Alguien le preguntó a esos Niños, Niñas y Adolescentes si querían ser protegidos de esas imágenes, o si, por el contrario, prefieren evitar ser víctimas de los hechos violentos que a diario se  presencian en la calle?.

Las  reacciones ante esta medida prohibitiva no se hicieron esperar y mientras desde el Colegio Nacional de Periodista se hacía un llamado a todas las seccionales del país a declararse en emergencia, pues se está vulnerando la libre circulación de información y opiniones, y se pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, desde el sector oficial, en este caso representado por  Orlena López, líder del Frente de Comunicadores Socialistas del estado Anzoátegui, no se compartía lo que llamó la matriz de opinión que se ha generado a raíz de la foto que publicó el diario El Nacional, y afirmó que el Gobierno no quiere prohibir la publicación de este tipo de fotos, sino prever los efectos que generan este tipo de gráficas en los lectores. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nombre para largo,  niega la posibilidad de que se censure la información incluso en los estados de excepción, tal como se lee en el artículo 337: “El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

Sin embargo, en el caso del estado Monagas, los medios impresos serán vigilados por la Defensoría del Pueblo. El representante de este organismo en el territorio monaguense, Luis Cesín, dijo que el monitoreo lo realiza todos los días, para observar cómo es el tratamiento de las noticias en la región. Cesín mencionó, que algunos periódicos tienden a publicar imágenes que atentan contra el desarrollo de la infancia y adolescencia. El Defensor del pueblo señaló, que no están en contra de la publicación de una noticia sino, en la forma en cómo se muestran las gráficas. Sin embargo, comentó que espera los lineamientos de la dirección nacional de la Defensoría del Pueblo, para conocer cómo actuarán. 

Entre tanto, desde el sector más afectado con la medida del Tribunal, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, se pronunció con relación a la decisión emanada del Poder Judicial, y consideró que “desde el punto de vista jurídico, se está violando la Constitución”. “Están imponiéndole a los periódicos de Venezuela una censura para que no publiquen ni informen sobre hechos delictivos”, dijo. Y como si fuera poco, funcionarios del Cicpc visitaron las instalaciones de El Nacional para investigar el caso. Solicitaron un ejemplar del día en que apareció la “famosa” foto y el respaldo digital de la foto, pero en vista de la presencia de gran cantidad de medios, decidieron abandonar el recinto.

A propósito de las acciones ejercidas por el Ejecutivo Nacional en contra de los diarios El Nacional y Tal Cual, la seccional Monagas Delta Amacuro del Colegio Nacional de Periodistas se declara en emergencia y alerta ante el ataque al libre ejercicio de la profesión, como una acción de rechazo total al ataque desmedido contra la libertad de expresión. Así lo manifestó Alberthina Centeno, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en la entidad, quien sostiene que los Comunicadores Sociales, Periodistas y fotoperiodistas, tienen sobre sus hombros la responsabilidad de mostrar ante el pueblo la verdad de los hechos que acontecen y más aún la realidad que en los actuales momentos ocurre y padece nuestro país. “Cuando observamos que la medida contra El Nacional, se hace extensiva a los medios regionales apuntando un mes para la restricción en la publicación de imágenes, consideramos un sesgo informativo que atenta contra la libertad de expresión como derecho humano y fundamental, no sólo de los monaguenses sino también de los venezolanos” dijo Centeno, quién al mismo tiempo hizo un llamado a los colegas periodistas y fotoperiodistas a mantenerse alertas y a no caer en provocaciones que pudieran tener un tinte político de marcada relevancia, a casi un mes de un proceso electoral.

En defensa de la medida del Tribunal, y en defensa del propio Gobierno, que para todos es un secreto a voces que es el verdadero acusador de El Nacional, por la foto y la línea editorial,  Earle Herrera dijo que  no le cabe ninguna duda de que el mismísimo William Randolph Hearst, padre del amarillismo, hubiera palidecido de asombro al ver la portada de El Nacional del pasado 13 de agosto. Pero a él, periodista y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la foto sangrienta de los cadáveres en la morgue de Bello Monte apenas le causó la misma desazón que dice experimentar casi a diario frente a una “práctica rutinaria de los medios privados”.  Aseguró que el problema del amarillismo y del sensacionalismo no se resuelve por vía judicial. Creo que el remedio es tan malo como la enfermedad; pese a que obviamente la foto se publicó por razones políticas y electoreras, por lo que considera que la respuesta correcta era Ética y no jurídica. Ante la posibilidad de que este tipo de medidas judiciales abran la puerta a más intervenciones similares e incluso a nuevas leyes que implicarían censura, Earle Herrera dijo que eso es falso, como si él estuviera en la mente y piel de los magistrados del Tribunal Supremo, y que no le abre ninguna puerta a nada, porque la legislación venezolana ya tiene normas que prohíben ese tipo de periodismo amarillista: la Ley de Ejercicio del Periodista, el Código de Ética del Periodista, la Ley Resorte (Responsabilidad Social en Radio y TV), el Código Penal, entre otras. Ya está suficientemente normada la actuación de medios y periodistas.

Otro de los diarios afectados con la medida del Tribunal fue Tal Cual, y su editor en Jefe, Teodoro Petkoff, en una visita al estado Sucre, aseguró que lejos de favorecer al gobierno revolucionario del presidente Chávez, lo que está es generando una matriz de opinión que hace que pierda popularidad en el país y especialmente en el estado Sucre.  Además el gran desempleo existente, los actos de corrupción, la inseguridad, inflación y el discurso ofensivo, entre otros, ponen en jaque mate a los venezolanos y venezolanas, colocándolos contra la pared. Para nadie es un secreto que la crisis que vive cada Estado, donde hay problemas de electricidad, agua y la delincuencia asecha a la ciudadanía y hace que aumente las muertes, porque  hay que tapar el sol con un dedo, porque no se puede mostrar la realidad a la gente.  Esa medida fue puesta para ser cumplida durante un mes, un mes que justamente es de campaña política, agregó Petkoff.

Revocan medida que impide a El Nacional publicar información sobre violencia 

Pero apenas 48 horas después de haber prohibido a El Nacional publicar cualquier tipo de información violenta, el Tribunal 12° de Primera instancia de Protección a Niños y Adolescentes decidió, de oficio, revocar parcialmente su decisión, y mantener únicamente vigente la imposibilidad de difundir fotos sangrientas. Según la sentencia, suscrita por el juez William Páez Jiménez, el diario podrá publicar, sin restricciones previas, cualquier tipo de mensaje informativo o publicitario, y únicamente tendrá prohibido difundir “imágenes con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que utilicen contenidos de guerra, sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes”.

El Juez también levantó la orden que prohibía al resto de los medios impresos del país publicar imágenes de hechos violentos durante los próximos 30 días. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, reiteró que no puede calificarse de censura la medida dictada por los tribunales, y recalcó que la decisión de prohibir la publicación de imágenes violentas únicamente busca proteger los derechos de los niños y adolescentes. Reconoció que Venezuela tiene un problema de violencia, pero aseguró que los medios pueden hacer uso de recursos más creativos para denunciar la situación.

Mientras tanto, los representantes del Colegio Nacional de Periodistas y de la seccional Caracas del gremio se presentaron a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir que se permitan a los periodistas de sucesos seguir informando sin las restricciones de los últimos días. El secretario general del CNP (Seccional Caracas), Hernán Lugo Galicia, destacó que “nosotros vinimos acá en nombre de todos los periodistas de Caracas y del interior del país, simplemente a traer un comunicado a las autoridades de la Medicatura forense en aras de establecer un acuerdo precisamente para que los reporteros de sucesos puedan hacer su labor”. Lugo-Galicia acotó que el acuerdo también establecería de la misma forma bases para respetar el trabajo que vienen realizando los trabajadores de la Medicatura Forense de Bello Monte.

Acotó que no fueron recibidos por las autoridades de la morgue de Bello Monte, pero serán recibidos en el transcurso de la próxima semana. La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Allegret, destacó que “hemos tenido una lucha muy fuerte durante esta última semana defendiendo el derecho de los venezolanos a estar informados, esto es un centro y una fuente de información y tenemos todo el derecho como periodista de venir”.

 I Foro sobre la “Violencia en Medios de Comunicación” 

Desde el Auditorio del Centro Simón Bolívar ubicado en la torre ministerial, se facilitó el I foro sobre “Violencia en Medios de Comunicación”. Contó con la presencia de Edwin Rojas, director de Prevención del Delito, quien a su vez debatió con representantes de los medios sociales. Rojas manifestó que la inseguridad no sólo es parte de la formación estructural, en este tema también cuenta la pérdida de valores en la familia, la despreocupación de la iglesia, que ha jugado un papel importante.  Asimismo, Rojas indicó que los medios de comunicación deben reflejar los esfuerzos que el Ejecutivo Nacional y las autoridades realizan para solventar está problemática. Resaltó la labor que realiza la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que pronto estará desplegada a escala nacional. Llamó a reflexión a los medios sociales a revisar su programación y como ésta influye en la violencia de la ciudadanía, ya que crea una política desestabilizadora

Violencia no respeta ideologías

Luego que la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la directiva de la seccional Caracas repudiaran durante días las agresiones contra El Nacional y Tal Cual, debieron hacer lo propio a favor de los trabajadores del canal Ávila TV, debido a agresiones que sufrieron los periodistas por parte de la Policía Municipal de Caracas (Policaracas), ocurridas el pasado jueves 19 de agosto. Según la historia de los involucrados, ese día, un grupo de trabajadoras de la estación estatal resultó lesionado en medio de una confrontación con efectivos de Policaracas, cuando estos últimos ejecutaban una acción contra vendedores informales, en las inmediaciones de la esquina de Veroes, en el centro de Caracas. Según la denuncia, publicada en el portal aporrea.org este viernes (http://www.aporrea.org/medios/n163805.html), la violencia se generó luego de que agentes policiales despojarán de su cámara al trabajador del canal Oswaldo Rivero, cuando éste intentaba registrar los hechos.

El CNP manifestó su rechazo ante toda acción que limite el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, y repudia el uso de los cuerpos de seguridad del Estado para limitar las labores de los medios de comunicación. Finalmente, exigieron, como lo han hecho en reiterados casos, a las autoridades —CICPC, Fiscalía y Defensoría del Pueblo— que investiguen los hechos denunciados para evitar que estas acciones queden impunes.

La impunidad no distingue raza, color, credo, ni ideología, y  que es peor aún, es redundante y cíclica en un país que está manejada, porque ni siquiera se puede decir que está dirigida, como un cuartel donde se hace lo que Él Manda, y como tropa, ellos obedecen, sean diputados, afectos al militar o magistrados, mientras que nosotros defendemos a las víctimas “ de siempre” (medios de comunicación, periodistas, el pueblo,  el ciudadano de a pie, y un largo etc), yo opino fijando mis  Visiones Particulares con la convicción de los que hacemos a diarios los periodistas y comunicadores sociales lo hacemos porque, como dicen en Saladeprensa.org, “Un periodista no es sólo un proveedor de noticias, es un historiador de sucesos.” George L. Steer, en “El Árbol de Gernika

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